Tiene inmunidad de jurisdicción el Ministro Consejero? convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas de 1961.

La convención de Viena consagra a favor de los miembros de la misión diplomática una serie de privilegios e inmunidades y la misión diplomática cuenta con tres categorías de personal las cuales son: el personal diplomático, el personal administrativo y técnico y el personal de servicio, esto no quiere decir que todos los empleados de una misión diplomática gocen de tales beneficios, es decir, solo gozan de privilegios e inmunidades diplomáticas todas aquellas personas que hayan sido acreditadas como miembros del personal diplomático ante el Estado receptor, independientemente de su condición o no de diplomáticos de carrera del Estado acreditante, por todo lo antes expuesto podemos decir que el Ministro Consejero si tiene inmunidad de jurisdicción puesto que es un cargo puramente diplomático. Ahora bien de lo expuesto anteriormente es totalmente valido preguntarse:puede ser juzgado un Ministro Consejero? ¿Si se puede cuál es el procedimiento para que pueda ser imputado? ¿Qué debe hacer el Estado acreditante? La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas constituye el tratado base fundamental que establece los derechos y obligaciones de los funcionarios diplomáticos y de las Misiones o representaciones de un país en el extranjero, uno de los privilegios e inmunidades que tienen los miembros de la misión diplomática es la Inviolabilidad Personal en el Estado Receptor: el cual comporta la obligación para las autoridades del Estado receptor de abstenerse de toda medida coercitiva contra la persona que goza del beneficio y solo pueden ser detenidos cuando sean sorprendidos cometiendo un delito flagrante. En otro orden de consideraciones, debe quedar claro que la inmunidad de jurisdicción no implica en modo alguno exención para el beneficiario de la obligación de respectar las leyes y reglamentos del Estado receptor (artículo 41 de la convención), por lo tanto es posible que el Ministro consejero pueda ser juzgado en el Estado receptor, pero para ello se requiere solicitar autorización al Estado acreditante y a su vez este debe realizar la renuncia a la inmunidad de jurisdicción de su agente diplomático, la cual en principio debe ser expresa, pero un amplio sector de la doctrina entiende implícita la renuncia siempre que el beneficiario de la inmunidad actúa como parte actora. En cuanto a la ejecución de una eventual sentencia condenatoria, debe señalarse que la renuncia a la inmunidad de jurisdicción no comporta renuncia a la inmunidad de ejecución, debido a que, consecuentemente, la ejecución de una sentencia penal podrá toparse con la inviolabilidad personal de la persona condenada o con la inviolabilidad de su residencia, salvo renuncia a la inmunidad de ejecución o levantamiento de la condición diplomática de la que se prevale el condenado.